lunes, 27 de octubre de 2008

NACIONALIZACION DEL COBRE


En diciembre de 1970, el Presidente Salvador Allende Gossen anunció la llamada nacionalización de las empresas mixtas que operaban en Chile. Proceso que nace con la modificación del artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Chile, referente al Derecho de Propiedad, y se agrega una disposición transitoria que establece que "por exigirlo el interés nacional y en ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado de disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, se nacionaliza y declaran por tanto incorporadas al pleno y exclusivo dominio de la Nación, las empresas extranjeras, que constituyen la gran minería del cobre, incluyéndose para estos efectos la Compañía Minera Andina."
En virtud de esta declaración, aprobada por la unanimidad del Congreso Nacional (1971), pasaron a dominio nacional todos los bienes de las empresas extranjeras productoras de cobre en Chile, tomando el Estado de Chile posesión material inmediata de sus instalaciones.
El capital de las compañías extranjeras pasó al dominio de la Corporación del Cobre -Codelco- .
En julio de 1971, se crean las "Sociedades Colectivas del estado", continuadoras legales de las compañías nacionalizadas. Sin embargo, la dirección y administración superior de estas compañías, queda a cargo de la Corporación del Cobre, que designa Gerentes Generales en cada uno de los yacimientos con poderes de administración de faenas (DL n°21,1973). Fueron nacionalizados entonces los yacimientos dependientes de Anaconda Copper Companny (El Salvador, Chuquicamata y Exótica), de Kennecott Corporation (El Teniente) y de Cerro Corporation (Andina).
El período de nacionalización de la Gran Minería del cobre se consolida al declarar que la inscripción de los yacimientos a nombre del Estado, lo era sin perjuicios de las inscripciones posteriores que correspondía efectuar a nombre de las Sociedades Colectivas del Estado. Esto facultó al Gobierno para que por medio de la ley dispusiera de la organización, explotación y administración de las empresas nacionalizadas, y que solo podrán enajenarse o constituirse derechos de explotación sobre concesiones mineras correspondientes a yacimientos que no se encuentran actualmente en explotación y previamente autorizados por ley.
Como consecuencia de lo anterior se dictaron los D.L. 1.349 y 1.350 (1976) que crean: La Corporación del Cobre de Chile (Codelco - Chile), empresa del Estado, que agrupa a estos yacimientos existentes en una sola Corporación, minera, industrial y comercial con personalidad jurídica y patrimonio propio, domiciliada en el departamento de Santiago, de duración indefinida que se relacionará con el Gobierno a través del ministerio de Minería.


La Ley de la Nacionalización del Cobre promulgada por el Presidente Salvador Allende, significó la culminación de un largo proceso de lucha de los sectores políticos y del pueblo mas patrióticos que siempre reivindicaron como una necesidad de soberanía, recuperar el Cobre para los chilenos

martes, 14 de octubre de 2008

Guerra de Arauco


Al sur de la frontera de Arauco, los enfrentamientos continuaban. Tras el desastre de Curalaba (1598), se buscó la mejor alternativa de pacificación para dominar a los indígenas rebeldes y así incorporar sus territorios al dominio español.


Una de las primeras medidas tomadas por la corona española para ordenar el descalabro generado tras Curalaba, donde muchos asentamientos terminaron saqueados y totalmente destruidos, fue el nombramiento de un hombre con experiencia en la resolución de conflictos: Alonso de Ribera. Este militar español se había destacado en las guerras de Italia y de Flandes y parecía ser la persona idónea para pacificar una de las zonas que más problemas, bajas humanas y pérdidas de recursos habían ocasionado a los españoles.
Tras su arribo al país, el nuevo gobernador constató la existencia de un ejército improvisado y carente de disciplina militar. Por ello, Ribera fijó como uno de sus primeros objetivos la profesionalización de las tropas. Así, aplicando un estricto régimen y organización interna, consiguió ordenar a los militares.
En 1604 el rey de España Felipe III emitió una Real Cédula que autorizaba la creación de un ejército permanente en la región y el envío de dinero y especies desde el virreinato del Perú para apoyarlo. Gran parte del dinero sería destinado a financiar los sueldos de los soldados.
Al mismo tiempo, Ribera logró definir importantes tareas al interior del ejército y levantar una serie de fuertes en la zona norte del río Biobío, estableciendo una especie de frontera entre los españoles y los indígenas combatientes. Esto calmaría los enfrentamientos entre los bandos, los que se limitarían a las malocas (entradas violentas de españoles en zona mapuche para buscar esclavos) o a los malones (asalto de los indígenas a los asentamientos españoles).
Cambio de estrategia
Las ideas de fray Bartolomé de Las Casas, sin lugar a dudas, cambiaron el curso de los acontecimientos en cuanto al trato que les daban los españoles a los aborígenes americanos. Tras su ordenamiento como sacerdote, el español De Las Casas conoció la realidad vivida por los indígenas después del arribo de los conquistadores, lo que lo llevó a impulsar una campaña para terminar con los abusos e injusticias. Su determinación fue tal, que incluso llegó hasta la corte real a exponer sus ideas, las que fueron escuchadas y también implementadas.
Aunque como integrante de la Iglesia Católica, el fray condenaba muchas de las creencias de los nativos (como los cultos politeístas o la poligamia), criticaba el modo en que se les trataba. Para él, la evangelización no justifi caba la utilización de la violencia desmedida ni tampoco las continuas humillaciones por las que tenían que pasar los indios.
Si bien las ideas del padre De Las Casas fueron postuladas al otro lado del Atlántico, hubo quienes hicieron eco de ellas, llegando hasta nuestro territorio. De la mano de los integrantes de la Compañía de Jesús, y basándose en las ideas evangelizadoras y pacifistas, se impulsó entonces la llamada guerra defensiva, que consistía en eliminar todos los métodos violentos de conquista, pacificando a los insurgentes a través de la evangelización. El gran promotor en Chile de esta idea fue el padre jesuita Luis de Valdivia, quien consiguió el apoyo de Felipe III para concretar su estrategia. De vuelta en el país y cuando el conflicto recrudecía en el sur, De Valdivia convocó a una reunión a los loncos de Concepción, en 1612, para explicarles el acuerdo de paz. Los europeos respetarían sus tierras, a cambio de que ellos permitieran el ingreso de misiones evangelizadoras.
Los jefes mapuches aceptaron el trato, pero bastaría solo una provocación para que los planes de paz fracasaran. En una de las primeras misiones, los mapuches dieron muerte a tres sacerdotes, tras torturarlos con gran crueldad. Con ello se colocaba fi n a uno de los proyectos más optimistas y menos violentos para terminar con el conflicto en Arauco.
El regreso de la violencia
Tras el término de la guerra defensiva, en 1626, el rey Felipe IV autorizó la utilización de una estrategia más violenta para pacificar la Araucanía. El regreso de los combates ofensivos no solo se justificaba por el absoluto fracaso del plan del padre Luis de Valdivia, sino que también permitía la captura y esclavización de los indígenas sorprendidos con armas los que, en gran cantidad, fueron destinados como mano de obra en las estancias.
Se volvía así a una serie de enfrentamientos sangrientos, que arrojaban una gran cantidad de muertos y prisioneros de ambos bandos. En la mayoría de las ocasiones, los españoles solo buscaban provocar a los indígenas para capturarlos como esclavos, mientras que los mapuches respondían con violentos saqueos a las estancias, asolando cultivos y poblados enteros.
Acercamiento pacífico: Los parlamentos
Si bien el extenso conflicto de Arauco se caracterizó por su violencia y crudeza, existieron también períodos en los que ambos bandos, agotados por la incesante lucha, buscaban nuevas formas de acercamiento y pacificación. Es así como surgieron los parlamentos, reuniones entre españoles y los principales jefes indígenas, donde se pretendía establecer una política de paz coherente y duradera. En 1641, y mientras gobernaba nuestro país Francisco López de Zúñiga, marqués de Baides, se realizó el parlamento de Quilín, reunión en la que, tras un intercambio de discursos, se estableció el compromiso del gobernador por respetar las tierras y la libertad de los indígenas, a cambio de la devolución de los cautivos españoles y el ingreso sin dificultad de misioneros y comerciantes.
Si bien la convención fue considerada todo un éxito, e, incluso, fue sellada con asados e intercambio de especies, al cabo de un tiempo demostró ser insufi ciente. Existía ciertamente el compromiso de ambas partes por cumplir con el trato, pero unade las características esenciales de la sociedad mapuche jugaría en contra de la efi cacia de esta nueva estrategia. Esto era quelos indígenas carecían de una autoridad central y solo obedecían a la autoridad familiar, explicándose, entonces, que los acuerdos establecidos solo involucraran a un grupo reducido de mapuches, existiendo siempre algunos clanes disidentes que continuarían la lucha armada contra los españoles.
Así, los años se sucedieron entre reuniones pacíficas y enfrentamientos. Cada vez que asumía un nuevo gobernador se celebraba un parlamento, el que arrojaba escasos beneficios para las partes interesadas. El último parlamento fue convocado por Ambrosio O?Higgins en 1793 y se celebró en Negrete, en la ribera sur del río Biobío.
Otro frente de combate: corsarios y piratas
Indudablemente, la cantidad de minerales (en su mayoría oro y plata) extraídos desde las nuevas colonias despertó la codicia de los demás países europeos. Celosos de las riquezas que estaba disfrutando la corona española, algunas de las potencias rivales iniciaron violentos asaltos a los navíos que transportaban el preciado botín. Cualquier estrategia era válida para ser partícipe de esta nueva fortuna encontrada en el nuevo continente.
Por ello, desde mediados del siglo XVI y hasta el siglo XVIII, las costas de América estuvieron constantemente devastadas por corsarios y piratas. Motivados por intereses personales o bajo las órdenes de los gobiernos de sus respectivos países, todos ellos tenían por objetivo saquear los suculentos cargamentos y romper con el estricto monopolio español.
Debido a que gran parte de las embarcaciones alcanzaban el océano Pacífico a través del estrecho de Magallanes y a los considerables embarques de oro y plata, nuestro país no se libró de la presencia de estos personajes. Uno de los primeros registros que dan cuenta de estos hechos data de fi nes de 1578, cuando el inglés Francis Drake atacó el puerto de Valparaíso, llevándose un importante cargamento de oro y provisiones que tenían como destino fi nal el Perú. De ahí en adelante, corsarios y piratas asolarían de manera intermitente las costas chilenas. Tanto ingleses como holandeses, entre los que destacaron Woodes Rogers, Lord Jorge Anson, Enrique Brouwer y Elías Herckemans, no solo arrasaron con las mercancías, sino que también sembraron el temor en varias ciudades costeras del país, saqueándolas e, incluso, incendiándolas. Esto motivaría la construcción de diversos fuertes, como los de Niebla y Corral (en las cercanías de Valdivia), desde los que se defendían los asentamientos españoles.